Síntesis orientadora (la presente complementa, NO SUSTITUYE el estudio completo del texto respectivo).
Prof. Mariano G. Morelli
mgmorelli@cablenet.com.ar
REFORMAS CONSTITUCIONALES
Reforma de 1860
(Incorporacion Pcia. de Bs. As. a Confederacion)
Reformas: supresion del juicio politico del Congreso a gobernadores provinciales (en su lugar, posibilidad de intervención nacional en las provincias por causas excepcionales); supresión de Buenos Aires como Capital de la República (queda indefinido, se definiría por ley previa cesión de la Provincia); Aduana (sus fondos financiarán al Estado provincial hasta 1866, en que desaparecerían los impuestos de importación y exportación); reconocimiento de la libertad de imprenta; prohibición de los jueces nacionales de que sean también provinciales; se establece que las provincias dictarán para si su Constitución sin necesidad de aprobación por parte del Congreso Nacional.
Reforma de 1866
El texto decía que hasta 1866 los impuestos de importación y exportación percibidos por la Aduana financiarían al Tesoro Nacional (no provincial), pero a partir de 1866 cesarían como impuestos nacionales no pudiendo serlo provinciales.
La reforma eliminó "hasta 1866", por lo que dichos impuestos financiarían en el futuro al Tesoro Nacional sin límite de tiempo.
Reforma de 1898
El texto decía que se elegiría 1 Diputado por cada 20.000 habitantes (o fracción > 10.000). O sea que si hubiese 48.000 habitantes habría 2 diputados (2 x los 20.000, y nada mas porque 8.000 es inferior a 10.000), pero si fuesen 51.000 habitantes habría 3 diputados (2 x 20.000 + 1 x 11.000 que es mayor a 10.000). Pero como la población aumentó, para que no aumenten tanto los diputados, se cambió a 1 cada 33000 (o fracción superior a 16500). El texto decía que habría 5 Ministros del Poder Ejecutivo, la reforma lo incrementó a 8.
Constitución de 1949
(Reforma integral por el gobierno peronista, algunos sostienen que es una nueva Constitución)
Incorpora al Preámbulo pretensión de construir una “nación políticamente libre, socialmente justa y económicamente soberana”. Se reconoce el habeas corpus. Se reconocen derechos del trabajador, gremios, familia, ancianos, educación, cultura. Se establece la función social (diferente de la concepción liberal e individualista) de la propiedad, el capital y la actividad económica.
Reforma de 1957
(El gobierno militar – Revolución Libertadora- dejó sin efecto la Constitución de 1949, reimplantando la de 1853, pero convocando a su reforma en 1957)
Se incorpora facultad del Congreso de dictar Código del Trabajo y Seguridad Social
Se incorpora el art. 14 bis. con derechos del trabajador (remuneracion justa, descanso y vacaciones, etc.), de los gremios (huelga, convenio colectivo, etc.) y la seguridad social (jubilaciones, pensiones, bien de familia, asignaciones familiares, etc.).
Reforma de 1994
- Pacto de Olivos (Alfonsín-Menem), dio lugar a ley de necesidad de la reforma, con un núcleo de coincidencias básicas (la Convención podía aprobar o rechazar, pero no modificar) y otros temas habilitados.
*Nucleo de coincidencias básicas: 1) eleccion directa de presidente, senadores (3 por Pcia.) e intendente de Buenos Aires; 2) supresión requisito confesional (bautismo del Presidente en la Iglesia católica), ballotage (doble vuelta), acortamiento mandato (de 6 a 4 años) y reelección por un periodo del presidente ; 3) acortamiento mandato diputados (de 6 a 4 años); 4) Creación del Consejo de Magistratura (intervención en selección y remoción de Magistrados); 5) consagración facultad de dictar decretos de necesidad y urgencia, y limites a los mismos; etc.
*Temas habilitados: 1) actualizacion atribuciones del Congreso, 2) formas de democracia semidirecta (iniciativa y consulta popular), 3) autonomía municipal, 4) Ministerio Publico como organo extra poder; 5) jerarquia de tratados internacionales y admisión de tratados de integración internacional (Ej. MERCOSUR); 6) consagración expresa habeas corpus o amparo; etc.
LAS ZONAS DE RESERVA DE LOS PODERES
La Constitución Nacional asigna a los órganos de cada uno de los poderes algunas atribuciones exclusivas, es decir, que sólo ellos pueden desempeñar, y no los órganos de los otros poderes. Si otro poder intentara ejercer dichas atribuciones, estaría violando inconstitucionalmente la división de los poderes.
Zona de reserva del Poder Ejecutivo: son las atribuciones que competen de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la promulgación de las leyes, el nombramiento de los jueces (con acuerdo del Senado y/o a siguiendo la propuesta del Consejo de la Magistratura), el ejercicio del rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la apertura y prórroga de sesiones del congreso, la firma de tratados con naciones u organizaciones extranjeras, el dictado de decretos de necesidad y urgencia, el dictado de indultos (perdona la pena a un condenado por un delito), la declaración de guerra, la declaración de estado de sitio (en algunos casos, art. 99 inc. 16) o la intervención federal en las provincias (solo mientras el Congreso esté de receso, art. 99 inc. 20).
Zona de reserva del Poder Legislativo: son las atribuciones que competen de manera exclusiva al Poder Legislativo. Por ejemplo: la creación de impuestos, el dictado de los códigos y legislación complementaria en materia civil, comercial, laboral, penal, etc.; el dictado del reglamento en base al cual funcionará cada Cámara del Congreso, la intervención federal en una provincia, intervenir en la declaración del estado de sitio (en algunos casos); acusar (Cámara de Diputados) y juzgar (Cámara de Senadores) a Presidente, Vice, Ministros, jefe de Gabinete y miembros de la Corte Suprema para destituirlos (juicio político).
Zona de reserva del Poder Judicial: el conocimiento y decisión definitivo de las causas sometidas a juicio; la administración de su propio personal y presupuesto (a través del Consejo de la Magistratura); la propuesta de los candidatos a jueces (a través del Consejo de la Magistratura).
LAS TEORÍAS SOBRE EL FIN DE LAS PENAS
¿Cómo, cuándo y por qué se justifican las penas? Para responder a esta pregunta se han ensayado diversas teorías. Las teorías absolutas consideran que la aplicación de la pena se justifica por si misma, como una exigencia de justicia, porque retribuye a quien comete un delito dándole lo que por él se merece (“retribución”).
Las teorías relativas consideran que la retribución no justifica la pena, sino que esta tiene sentido sólo cuando es útil, es decir, se consigue alguna otra cosa con ella. Las teorías relativas más importantes son las de la prevención especial, prevención general, prevención general positiva, y reparación. Así, para algunos la pena se justifica si gracias a ella se evita que el delincuente que la sufre vuelva a cometer delitos (“prevención especial”), sea porque es reeducado y ya no lo cometería (“prevención especial positiva”), sea porque se lo coloca en la imposibilidad de cometer delitos (“prevención especial negativa”) encerrándolo, por ejemplo. Para otros, la pena se justifica si en virtud de ella se consigue alejar a las otras personas del delito: aplicando la pena a este delincuente consigo que ninguna otra persona quiera cometer delitos (“prevención general”). Para otros autores, la pena se justifica porque consigue reafirmar el derecho y su vigor, frente al delincuente que ha despreciado el derecho obrando contra sus indicaciones (“prevención general positiva”). Otro grupo de autores justifica la pena cuando a través de la misma se consigue de alguna manera reparar el mal causado por el delito (“reparación”), por ejemplo, realizando un servicio para la comunidad.
Existen también teorías mixtas, que admiten justificaciones de la pena que integran elementos de los señalados (retribución + prevención + reparación).
Teorías absolutas: retribución
Teorías relativas: utilidad
Prevención especial (positiva o negativa)
Prevención general
Prevención general positiva
Reparación
Teorías mixtas
LOS PRINCIPIOS PENALES
1. Límites constitucionales del poder punitivo
Principio de legalidad: establece que nadie puede ser penado si no existe una ley, previa al hecho, escrita, estricta y cierta, que para proteger algún bien jurídico (la vida, la libertad, etc.) describe esa conducta como delito. Ej. el juez no puede aplicar a una persona que hace algo muy malo una pena, si no está prevista en la ley para esa conducta concreta.
Principio de reserva: nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohibe.
Principio de exterioridad: las acciones privadas de los hombres que no afectan de ninguna manera el orden, la moral pública ni perjudican a terceros, no pueden ser juzgadas por los jueces. Ej. no se puede penar a alguien solo por desear la muerte de otro.
Principio de acto: sólo puede penarse a la persona por lo que hace, no por lo que es. Ej. no se puede penar a alguien por ser “adicto a la droga” (drogadicto), pero sí por tener o vender droga.
Principio de lesividad: sólo pueden penarse conductas que afectan o lesionan bienes jurídicos. Si no se lesiona un bien jurídico, la conducta puede ser valorada por alguien como inmoral pero no considerada delito (el derecho penal no puede imponer una moral sino solo que no se afecten o lesionen bienes jurídicos). Ej. quien choca a una persona matándola y se da a la fuga puede ser penado por el homicidio pero no por el abandono ya que estando muerta el abandono no la lesionó en manera alguna.
Prohibición de analogía: la analogía consiste en resolver un caso para el que no tenemos una ley, el principio previsto en una ley que regula un caso parecido. Está permitida en derecho privado pero no en derecho público creando delitos no previstos en la ley. Ej. quien destruye una página web no comete delito de daño porque este delito supone destruir una cosa, y cosa es un objeto material (según el Código Civil); el juez que debe juzgar al que destruyó la página web no puede aplicarle la pena del delito de daño usando la analogía porque estaría creando un nuevo delito (daño a un bien inmaterial) que no está previsto en una ley y con ello violaría el principio de legalidad.
Principio de culpabilidad: no se puede considerar a nadie autor de un delito si no es culpable del mismo. No hay culpabilidad cuando el resultado (ej. la muerte o la lesión) tuvo lugar por caso fortuito (algo que no se puede prever o evitar; como un piedrazo que golpea el parabrisa del auto que lesiona a un peatón), o porque el autor no podía comprender la criminalidad del acto (tenía un retardo mental grave) o no podía dirigir su conducta (porque se encontraba en estado de shock).
Principio de igualdad: no deben establecerse injustas discriminaciones entre las personas.
Principio ne bis in idem: una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho ni penado dos veces por la misma conducta. Ej. si una persona es enjuiciada y absuelta por el homicidio de su hermano, y meses después aparece un nuevo testigo, no puede ser juzgado nuevamente por tal hecho.
Principio de aplicación retroactiva de la ley más benigna: si luego de cometido el delito se sanciona una ley que es más beneficiosa para el imputado que la que existía al momento de cometerlo, debe ser juzgado con la nueva ley (más beneficiosa). Ej. si una persona es condenada a 20 años de prisión por homicidio (la pena es de 8 a 25 años), y luego se reforma la ley y se establece una pena por el homicidio menor (de 5 a 15 años, por ejemplo), la pena de este homicida debe ser reducida conforme la nueva ley.
2. Reglas de persecución penal no constitucionales
Se trata de reglas que regulan en qué casos los delitos deben ser investigados, juzgados y penados.
El derecho puede adoptar o el principio de perseguibilidad de oficio (u oficialidad d ela acción), o el principio de oportunidad.
Si adopta el principio de perseguibilidad de oficio, la autoridad (fiscal, juez) está obligado a investigar, acusar, juzgar y penar todos los delitos de los que toma conocimiento.
Si adopta el principio de oportunidad, la autoridad (en principio el fiscal) puede elegir, de acuerdo con criterios de “conveniencia”, qué delitos va a investigar y elevar a juicio y cuáles no. Por ejemplo, preferir investigar y que se juzguen algunos delitos más graves o de los que se tienen más pruebas, y dejar de lado otros más leves o más difíciles de obtener prueba.
LOS ELEMENTOS DEL TIPO
Se llama tipo penal a la descripción que hace la ley de la conducta que considera delito. Por ejemplo, el Código Penal dice: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena” (art. 162, hurto). La frase que va desde “el que se apoderare” hasta el final es el tipo penal. Cuando una conducta de una persona coincide con esa descripción, se dice que “encuadra en el tipo penal”, o sea, que es “típica” o tiene “tipicidad”.
El tipo penal puede contener alguno o varios de los siguientes elementos:
Elementos descriptivos: son simples hechos, conductas o circunstancias de la vida exterior que el tipo recoge. Para identificarlos no hace falta recurrir al derecho. Por ejemplo, en el tipo anterior, “apoderarse” es un elemento descriptivo. Suelen ser elementos descriptivos un sujeto activo (quien comete el delito), pasivo (la víctima), la acción o verbo (núcleo), los medios, el tiempo, la ocasión, el lugar, el modo, etc.
Elementos normativos: son elementos que deben ser valorados de acuerdo con las normas éticas o las normas morales para identificarlos. Para poder conocer el significado de estos elementos debemos recurrir a otras normas (jurídicas o éticas). Por ejemplo, en el tipo indicado el delito aparece si se apodera “ilegítimamente”, es decir, contrariando el derecho. Y de una “cosa”, que nos remite a la definición del Código Civil.
Elementos subjetivos: son elementos que remiten al estado anímico del autor, sea a lo que conoce (intelectivos), a lo que siente (afectivos), a lo que quiere o busca (volitivos), a la culpabilidad. Por ejemplo, el tipo del homicidio calificado “criminis causa” castiga a quien mata “preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito” (art. 80 inc. 7) (elemento subjetivo volitivo).
FUERO FEDERAL Y FUERO ORDINARIO
Nuestro país es federal, lo que supone que existe un Poder Judicial del Estado Nacional (Poder Judicial de la Nación) y otro de cada provincia (Poder Judicial de la Provincia). La existencia de estos dos poderes judiciales ha hecho necesaria la distribución de los casos en los que intervendría cada uno.
En este sentido, hay que distinguir un fuero federal, que es un ámbito de cuestiones o asuntos que van a ser juzgados por tribunales federales presentes en todo el territorio del país. Tales tribunales federales forman parte del Poder Judicial de la Nación. Entre estos casos que corresponden al fuero federal encontramos, por ejemplo, los que comprometen a embajadores o gobernantes extranjeros, o son regulados por leyes de naturaleza federal –como el delito de narcotráfico-, o cuando se demanda al estado nacional. Por ejemplo, Si una persona debe demandar a la A.N.S.E.S. (organismo que pertenece al estado nacional), debe hacerlo ante un juzgado federal.
Además del fuero federal, existe un fuero ordinario, que corresponde a los asuntos que son juzgados por los tribunales provinciales, que pertenecen al Poder Judicial de la Provincia respectiva. Pertenecen al fuero ordinario las causas relacionadas con la aplicación del Código Civil, de Comercio, Código Penal (en su mayoría), leyes del trabajo. Si un trabajador es despedido de una empresa privada de la ciudad de Rosario, no se le paga la indemnización, la debe reclamar a través de un proceso que tramitará ante un juzgado provincial de Rosario, dependiente del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (fuero ordinario; no ante un juzgado federal porque no corresponde el fuero federal.).
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no posee todavía una organización completa de su Poder Judicial local que atienda el fuero ordinario dentro de su ámbito territorial. Por tal razón, el fuero ordinario, que en las Provincias está a cargo de los juzgados provinciales (dependientes del Poder Judicial de la Provincia), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está a cargo de Tribunales Nacionales (no confundir con los “federales”) que dependen del Poder Judicial de la Nación. Estos tribunales nacionales conviven con algunos tribunales propios de la ciudad autónoma que se han creado en los últimos tiempos (en materia administrativa, tributaria, y contravencional, por ejemplo).
Es decir que tenemos actualmente:
Fuero federal: a cargo de tribunales federales (dependientes del Poder Judicial de la Nación)
Fuero ordinario: a cargo:
a) En las provincias: de tribunales provinciales (dependientes de su Poder Judicial provincial), y
b) en la ciudad de Buenos Aires: de tribunales nacionales (dependientes del Poder Judicial Nacional) y algunos tribunales locales (dependientes del gobierno de la ciudad).
El Poder Judicial de la Nación está compuesto por:
· Una Corte Suprema de Justicia de la Nación
· Cámaras de Apelación (Cámaras Federales de Apelación con asiento en diversas ciudades de las Provincias y en la ciudad de Buenos Aires; una Cámara Nacional Electoral, una Cámara Nacional de Casación Penal, y una Cámara Federal de la Seguridad Social, las tres situadas en la ciudad de Buenos Aires pero con competencia en todo el territorio del país)
· Tribunales orales en lo Criminal Federal (con asiento en ciudades del interior)
· Juzgados Federales de primera instancia (con asiento en diversas ciudades del interior y en la ciudad de Buenos Aires)
Y además por:
· Cámaras Nacionales de Apelación con asiento y competencia en la ciudad de Buenos Aires
· Juzgados Nacionales de Primera Instancia con asiento y competencia en la ciudad de Buenos Aires
Por su parte, el Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe está integrado por:
· Una Suprema Corte de Justicia de la Provincia
· Cámaras de Apelación
· Tribunales colegiados (integrados por varios jueces)
· Juzgados de Primera Instancia de Distrito (con diversa competencia material: civil y comercial, laboral, de instrucción, de menores, etc.)
· Juzgados de Primera Instancia de Circuito
· Juzgados comunales
Vale la pena señalar que algunas sentencias dictadas en juicios que comenzaron en un juzgado provincial, pasaron por la Cámara de Apelación provincial, y llegaron hasta la Suprema Corte Provincial, pueden ser luego recurridas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (se salta así del Poder Judicial Provincial al Nacional) mediante el recurso extraordinario federal.
ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público, encargado de proteger los intereses del estado, tiene funciones de Ministerio Fiscal y de Servicio de Defensa. La función como Ministerio Fiscal consiste en acusar en procesos penales, defender los intereses del estado y controlar la legalidad de los procesos. El Servicio de la Defensa (o Ministerio Pupilar) consiste en defender los intereses de los menores, los pobres (que no pueden pagarse un abogado) y los ausentes.
En el orden nacional, el Ministerio Público constituye un órgano extra poder (es independiente de los tres poderes, art. 120 de la Constitución Nacional reformada en 1994). Su función como Ministerio Público de acusación es desempeñada por un Ministerio Público Fiscal, presidido por un Procurador General de la Nación, e integrado también por Procuradores Fiscales, Fiscales Generales, Fiscales de Pprimera Instancia y Fiscales Adjuntos. En cambio, su función como Ministerio Público de la defensa está presidida por un Defensor General, seguido de Defensores Oficiales ante la Corte Suprema, Defensores Públicos de menores e incapaces, y Defensores Auxiliares.
En la Provincia de Santa Fe, en cambio, el Ministerio Público forma parte del Poder Judicial, y lo preside un Procurador General de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Fiscal está a cargo de Fiscales de las Cámaras de Apelación, Fiscales, y Fiscales de menores (todavía sin funcionar). Los funcionarios a cargo del servicio público de la Defensa son los Defensores de las Cámaras de Apelación, los Defensores Generales, y los Asesores de Menores.
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